Alimentos: la crisis más grave

Es muy posible que, con nuestra atención absorbida por discusiones de raíz política como el cambio constitucional o la reforma tributaria, el país esté siendo sordo a la crisis que debería ser su principal preocupación: la emergencia alimentaria. En ella se mezclan factores más bien coyunturales (como la guerra en Ucrania o la pandemia), con otros estructurales (como el calentamiento global, el aumento de la población urbana o el cambio tecnológico), lo que implica que cualquier enfoque del problema debe necesariamente hacerse desde muchos frentes y con una muy diversa batería de recursos.

Ante este problema, la buena gobernanza y la política inteligente serán decisivas, lo que empieza por unificar criterios y diagnósticos.

El resultado en el corto plazo, sin embargo -en Chile como en el mundo-, es una probablemente abrupta escalada de precios que afecte tanto a la producción de alimentos como a su adquisición, de lo que ya se ven indicios; en el mediano y largo plazo, una situación en que variables ecológicas, económicas y políticas se combinen para generar eventos de escasez -breves o prolongados; geográficamente acotados o no- que podrían representar una amenaza mucho más seria, en el agregado, que la reciente pandemia.

Este es el primero de tres editoriales en que Diario Financiero intentará poner en cierta perspectiva la magnitud y urgencia del problema. Y la primera conclusión de nuestro análisis es que esta es una materia en que la buena gobernanza y la política inteligente serán decisivas, lo que empieza por unificar criterios, para luego aunar esfuerzos y acciones.

En este sentido, que el ministro de Agricultura sostenga que “no vemos un escenario apocalíptico para Chile” en entrevista con este diario hace dos semanas, mientras la secretaria técnica de la recién creada Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria afirmara ayer que “la situación alimentaria es de la máxima urgencia y el gobierno (…) debe actuar con toda celeridad”, es causa de preocupación.

Las realidades del sector agroalimentario nacional, y las complejidades del mercado de los alimentos a nivel global, demandan coordinación y transparencia de todos los actores para enfrentar la crisis. Ese compromiso debe partir con las autoridades, para luego embarcar a la sociedad civil en un arduo y prolongado trabajo, que necesariamente deberá transcender ciclos políticos.